Hay algo profundamente cómodo en creer que el karma se encargará de todo. Que, de alguna manera, el daño causado acabará volviéndose contra quien lo provoca sin que nadie tenga que hacer nada. Es una idea reconfortante… y completamente inútil.
Porque el karma no vota.
Mientras algunos esperan esa especie de justicia automática, en Andalucía hay gente esperando meses para una cita médica, familias atrapadas en un limbo burocrático para acceder a la dependencia y aulas donde cada recorte se traduce en menos oportunidades. Esa es la realidad. No una metáfora. No una opinión. Una realidad que tiene responsables políticos concretos.
Y esos responsables no van a desaparecer por arte de magia.
Juanma Moreno Bonilla no va a dejar la Junta porque “la vida ponga las cosas en su sitio”. No va a caer por el peso moral de sus decisiones. Si sigue gobernando, será por algo mucho más simple: porque alguien le vota… o porque demasiada gente decide no hacerlo.
Aquí es donde conviene dejar de lado las excusas.
Decir que “todos son iguales” no es una postura crítica, es una renuncia. Decir que “mi voto no sirve para nada” no es realismo, es resignación. Y la resignación, en política, siempre juega a favor de quien ya está en el poder.
Cada vez que alguien se queda en casa el día de las elecciones, está facilitando que las políticas que dice criticar continúen. Así de claro. No hay neutralidad posible cuando lo que está en juego es la sanidad pública, la educación o la atención a las personas más vulnerables.
Porque no, no es verdad que todo dé igual.
No da igual apostar por reforzar la sanidad pública o dejar que se deteriore mientras crecen los intereses privados. No da igual invertir en educación o recortar recursos. No da igual proteger a quienes dependen de lo público para vivir con dignidad o mirar hacia otro lado.
Y, sin embargo, seguimos escuchando lo del karma.
Como si bastara con indignarse en una conversación, compartir un mensaje o quejarse en redes sociales. Como si eso, por sí solo, cambiara algo. No lo hace. Nunca lo ha hecho.
Lo único que cambia gobiernos son los votos.
Votos conscientes, votos críticos, votos que entienden que no participar también tiene consecuencias. Porque cada papeleta que no se introduce en una urna es una oportunidad perdida para frenar políticas que están haciendo daño.
No se trata de épica ni de grandes discursos. Se trata de responsabilidad. De asumir que si algo no te gusta, la única forma real de cambiarlo es actuando cuando toca.
Y eso ocurre un día muy concreto: el de las elecciones.
Ese día no vota el karma. No vota la indignación acumulada. No votan los comentarios en redes. Votan las personas. O no votan.
Y entre una cosa y la otra se decide todo.
Quien de verdad quiera acabar con esta situación en Andalucía tiene que entenderlo de una vez: no basta con desear un cambio. Hay que provocarlo.
Metiendo una papeleta en la urna.
Este artículo se publicó en CORDÓPOLIS / EL DIARIO.ES el día 29 de abril de 2026
En democracia la regla es tan sencilla que casi da pudor repetirla: una persona, un voto. Sobre el papel, eso significa que una cajera de supermercado, un repartidor o una auxiliar de enfermería tienen exactamente el mismo poder político que el dueño de un fondo de inversión o el heredero de una gran fortuna. Y ahí empieza el problema para los de arriba.
Porque los ricos son pocos. Muy pocos. En cualquier país mínimamente grande, el 1% cabe en un estadio de fútbol; el 0,1%, en un teatro. En cambio, quienes viven de una nómina, de facturas a final de mes o de una pensión son millones. Si esa mayoría votara en bloque pensando en su salario, en su alquiler, en su hipoteca, en la lista de espera de su centro de salud, la agenda política sería otra. Y los intereses del gran capital tendrían un peso mucho menor del que hoy disfrutan.
La élite económica lo sabe. Y actúa en consecuencia. No puede ganar por número, así que necesita ganar por abstención. No puede sumar votos, así que tiene que restar los tuyos. Su objetivo es sencillo: que la gente que más se juega en cada elección se quede en casa, harta, desmovilizada o confundida.
La primera estrategia es tan vieja como eficaz: hacerte creer que votar no sirve para nada. El mensaje siempre suena parecido, cambien los países o los partidos. “Todos son iguales”. “Todos roban”. “La política es un circo”. “Nada va a cambiar”. Detrás de esa cantinela hay un interés muy concreto: que tú, que no tienes un asesor fiscal creativo ni una SICAV, renuncies al único mecanismo de poder que no depende de tu saldo bancario.
Cuando tú te quedas en casa, ellos no. Las rentas altas votan más que las bajas. Los barrios ricos participan más que los barrios obreros. Las personas con más estudios, mejor sueldo y más patrimonio acuden masivamente a las urnas. No es una casualidad, es un patrón. La abstención nunca es neutra: casi siempre pesa más entre quienes peor viven. Por eso, cuando escuchas ese “yo paso de la política”, conviene hacerse una pregunta incómoda: si yo renuncio a votar, ¿quién está encantado con que lo haga?
La segunda táctica es el ruido permanente. Escándalos diarios, broncas impostadas, tertulias a gritos, guerra cultural a todas horas. La sensación de estar viviendo en un drama continuo. El efecto no es casual: cuando todo es escándalo, nada lo es. Cuando todo son peleas, la gente desconecta. Te agotas, cambias de canal, silencias las noticias, dejas de seguir cualquier cosa que suene a “política”. Justo entonces, quienes tienen intereses muy concretos siguen negociando, presionando y legislando… pero sin la mirada de una ciudadanía vigilante.
El ruido es una forma de desaliento. No busca convencernos de nada en concreto, sino convencernos de que da igual. De que hagas lo que hagas, el resultado será el mismo. Y eso es mentira. Las grandes fortunas no gastan millones en lobbys, campañas y medios de comunicación porque “da igual”. Lo hacen porque saben que cada ley fiscal, cada reforma laboral, cada recorte o inversión pública tiene ganadores y perdedores. Y se aseguran de estar siempre entre los primeros.
La tercera vía es más sutil, pero quizá la más peligrosa: conseguir que votes contra ti mismo. Para eso necesitan cambiar el eje de la conversación. En vez de hablar de salario, vivienda, sanidad o educación, te hablan de banderas, de “gente de bien”, de enemigos internos, de símbolos patrios. Te invitan a pensar en “la nación” antes que en tu frigorífico, en “la identidad” antes que en tu contrato, en “los de fuera” antes que en tu convenio.
Al mismo tiempo, te venden un relato aspiracional: tú no eres trabajador, eres “clase media” o “emprendedor en potencia”. No importa que no llegues a fin de mes o que no puedas permitirte un piso en alquiler sin compartirlo. Lo importante es que te identifiques con los de arriba, que veas sus intereses como si fueran los tuyos. Así es más fácil que acabes respaldando políticas que favorecen a las grandes fortunas mientras tú sigues encadenando sueldos de 1.200 euros y turnos partidos.
En ese juego, las palabras importan. No es casual que casi nunca oigas hablar de “clase trabajadora” y sí de “gente normal”, “clase media”, “autónomos” como cajón de sastre. Tampoco es casual que se presenten los impuestos como un castigo general y no como una herramienta para financiar hospitales, escuelas, transporte público o dependencia. Ni que se simplifique el debate a “menos impuestos, más libertad”, ocultando quién se ahorra millones y quién apenas nota unos pocos euros en la nómina.
«El ruido es una forma de desaliento. No busca convencernos de nada en concreto, sino convencernos de que da igual. De que hagas lo que hagas, el resultado será el mismo. Y eso es mentira»
Todo esto solo funciona si tú te apartas. Si asumes que la política es cosa de otros. Si compras la idea de que el resultado está escrito de antemano. Pero no lo está. No lo ha estado nunca. Cada avance social que hoy damos por sentado —desde las vacaciones pagadas hasta la sanidad pública— fue una disputa política, una correlación de fuerzas que cambió porque mucha gente decidió implicarse, organizarse y, sí, votar.
Claro que la democracia es imperfecta. Claro que hay corrupción, puertas giratorias e intereses opacos. Precisamente por eso no podemos regalársela a quienes sueñan con que participen solo unos pocos. Renunciar al voto porque el sistema no es perfecto es como dejarle las llaves de tu casa al primero que pasa porque tu cerradura es vieja.
La próxima vez que escuches “no sirve de nada votar” o “todos son iguales”, prueba a girar la pregunta: si yo no voto, ¿quién gana seguro? ¿El mileurista o el millonario? ¿La que vive de alquiler o el fondo buitre que compra edificios enteros? ¿El que hace cola en urgencias o quien tiene seguro privado y clínicas propias?
La respuesta es incómoda, pero honesta: no ganas tú.
Y eso, precisamente, es lo que la élite económica necesita. Que te resignes. Que confundas decepción con indiferencia. Que conviertas tu enfado legítimo en abstención. Frente a eso, votar no es una varita mágica, pero sí es una línea roja mínima: la decisión de no regalarles tu silencio.
Este artículo se publicó en INFOLIBRE el día 8 de abril de 2026
Andalucía se juega hoy buena parte de su futuro ambiental mientras el Gobierno de Moreno Bonilla sigue instalado en el triunfalismo verde y el marketing político. Lo que vende como “revolución verde” es, en realidad, una mezcla de desregulación, dejación de funciones y oportunismo que está poniendo en riesgo nuestro territorio, el agua y la salud de la gente.
La llamada “revolución verde” del PP andaluz no es un proyecto serio de transformación. No hay presupuestos de carbono vinculantes, no hay una acción climática integrada en todas las políticas públicas, no hay una autoridad independiente que vigile el cumplimiento de los objetivos. Lo que sí hay es improvisación, normas que se aflojan y una preocupante renuncia a ejercer a fondo las competencias de la Junta para proteger nuestros recursos naturales.
Andalucía podría liderar la transición energética en Europa: tiene sol, viento, posición estratégica y un enorme potencial industrial ligado a las energías renovables. Pero para aprovechar esa oportunidad hace falta gobernar el proceso, no abandonarlo a un “todo vale” sobre el suelo andaluz. Bajo la excusa de la “agilización administrativa” se han multiplicado macroplantas donde toca, pero también donde no toca, ocupando suelo rústico de alto valor, generando conflictos con el mundo rural y alimentando el rechazo social a proyectos que, bien planificados, deberían ser una oportunidad compartida.
Falta una zonificación clara y vinculante que marque zonas de exclusión ambiental, criterios paisajísticos y límites al impacto sobre la biodiversidad. Falta priorizar polígonos industriales y suelos ya degradados antes que seguir sacrificando territorio agrícola y natural. Convertir la transición energética en barra libre para unos pocos fondos y promotores es la manera más segura de dinamitar el consenso social y de perder una ocasión histórica de crear empleo de calidad y autonomía energética para Andalucía.
Si hay un símbolo de esta mala gestión ambiental es Doñana. Lo que debería ser un emblema mundial de conservación se ha transformado en escaparate de la dejación de funciones, la falta de planificación y el incumplimiento de la legalidad ambiental. El plan para ampliar regadíos en su entorno, impulsado por el Gobierno andaluz, provocó el rechazo de la comunidad científica, la preocupación de las instituciones europeas y la denuncia de organizaciones ecologistas que llevan años alertando de un intento de legalizar lo ilegal en un espacio ya al límite. Tras meses de polémica, la Junta se ha visto obligada a rectificar, pero el daño a la imagen de Andalucía y a la credibilidad de sus instituciones ya está hecho.
La política territorial de Moreno Bonilla obedece a la misma lógica cortoplacista. En lugar de consolidar un principio claro de no regresión ambiental, su Gobierno ha optado por la desregulación y por un urbanismo que vuelve a abrir la puerta a la especulación, debilitando la protección del litoral y de espacios de alto valor ecológico. Donde haría falta renaturalizar playas, marismas y dunas, reforzar infraestructuras verdes y planificar el retroceso ordenado en las zonas más vulnerables, se sigue pensando en clave de ladrillo y hormigón. Es un modelo que incrementa la exposición al riesgo climático y pone por delante el interés de unos pocos frente al interés general.
A este desequilibrio entre discurso y realidad se suma el maltrato a quienes están en primera línea defendiendo nuestros montes y nuestros pueblos: los hombres y mujeres del Plan INFOCA. Mientras el presidente presume de “tener el mejor dispositivo contra incendios del país” y se hace fotos cada verano junto a los helicópteros y los retenes, miles de bomberos forestales llevan años reclamando algo tan básico como el reconocimiento de su antigüedad, la estabilidad laboral y unas condiciones dignas.
Son, de facto, los únicos empleados públicos andaluces que no ven reconocida y pagada su antigüedad en las mismas condiciones que el resto de la plantilla de la Junta. Esa discriminación ha sido denunciada por sindicatos y trabajadores, que hablan de promesas incumplidas, mesas de negociación eternas y anuncios que nunca se concretan en nómina. Ocho años de palabras amables y de fotografías institucionales, pero ni un solo gesto efectivo para corregir una injusticia que se arrastra desde hace demasiado tiempo.
Y mientras tanto, esos mismos hombres y mujeres se juegan la vida cada verano frente a los incendios forestales, entrando donde todos los demás están saliendo. En invierno, son ellos quienes afrontan temporales y DANAs, despejando caminos, asegurando cauces, protegiendo pueblos y viviendas. Son los rostros que no se ven cuando las cámaras se apagan, pero sin los cuales Andalucía sería mucho más vulnerable. El contraste entre los elogios públicos y la negativa a reconocer su antigüedad y sus derechos laborales es una herida abierta que retrata con crudeza el tipo de “verde” que practica este Gobierno: aplausos para la foto, abandono en el día a día.
Todo esto tiene un coste que va mucho más allá de los discursos. Supone pérdida de biodiversidad, pérdida de oportunidades económicas ligadas a una economía verde seria y pérdida de confianza en unas instituciones que dicen una cosa y hacen la contraria. Andalucía está en primera línea del cambio climático y no puede permitirse un gobierno que utiliza el color verde como maquillaje mientras se degradan sus ecosistemas, se desordena la transición energética y se desprecia a quienes, como el personal del INFOCA, sostienen sobre sus hombros la protección del territorio.
Lo que está en juego no es un eslogan ni una campaña de imagen, sino el derecho de la ciudadanía andaluza a un medio ambiente saludable, a un territorio cuidado y a un futuro digno para las próximas generaciones. Frente a la gran mentira verde de Moreno Bonilla, Andalucía necesita una política ambiental seria y honesta: basada en la ciencia, en la planificación, en el respeto a quienes protegen cada día nuestra tierra y en la convicción de que defender nuestro patrimonio natural no es un freno al progreso, sino la condición imprescindible para avanzar juntos, con empleo digno, con justicia social y con orgullo de pertenecer a esta tierra.
Este artículo se publicó en INFOLIBRE el día 11 de marzo de 2026
En 1935, en una mina de carbón del Donbass, en la hoy golpeada Ucrania, un obrero llamado Alexéi Grigórievich Stajánov logró algo que parecía imposible: extrajo catorce veces más carbón del previsto para una jornada de trabajo. Su gesto, que pronto fue exaltado por la prensa soviética, dio origen al estajanovismo, un movimiento laboral que pretendía encarnar la fe en el esfuerzo colectivo y en la capacidad humana para superar cualquier adversidad.
Más allá de la propaganda, Stajánov simbolizaba un impulso profundamente humano: la convicción de que el trabajo, cuando se hace con entrega y propósito, puede convertirse en herramienta de cambio. En aquella Unión Soviética que luchaba por salir de la ruina y la guerra civil, el estajanovismo fue una llamada a reconstruir un país desde el sudor de su gente. Era, en esencia, un ideal de dignidad obrera.
Hoy, casi un siglo después, España no vive tiempos de carbón ni de colectivización, pero sí de una fatiga semejante: la del ruido permanente. El Gobierno de Pedro Sánchez afronta una oleada de ataques sin precedentes, donde la crispación ha desplazado al debate sereno y la política parece haberse reducido a una constante deslegitimación del otro. Se grita más de lo que se escucha, se acusa más de lo que se construye.
Frente a ese clima irrespirable, el estajanovismo puede ofrecer una enseñanza inesperada. No como modelo económico —ni mucho menos político—, sino como actitud cívica. Frente al odio, el trabajo. Frente al insulto, la perseverancia. Frente al ruido, la eficacia silenciosa. Es un recordatorio de que la respuesta más contundente al descrédito es hacer las cosas bien, seguir cumpliendo, seguir construyendo país.
El trabajo bien hecho como resistencia. Esa podría ser la traducción contemporánea del espíritu estajanovista. No se trata de idealizar la productividad, sino de reivindicar la constancia como energía moral. En un contexto donde parte de la oposición busca desgastar al Gobierno más que corregirlo, la labor diaria de quienes gestionan lo público —sanitarias, maestras, funcionarias, científicas— se convierte en la mejor respuesta política posible. Progresar frente al odio es, hoy, una forma de militancia.
Pedro Sánchez, que ha hecho de la resiliencia su rasgo más reconocible, encarna ese gesto estajanovista en clave democrática: resistir para seguir gobernando; gobernar para seguir transformando. No con soflamas, sino con hechos concretos. Seguir trabajando cuando lo fácil sería rendirse.
Por cada ataque mediático, una medida social. Por cada descalificación, una inversión pública. Por cada intento de desgaste, un paso más hacia la modernización del país. Esa es la paradoja: en un escenario saturado de ruido, el silencio laborioso puede ser una forma de liderazgo.
Quienes creen que la política es solo espectáculo olvidan que los cimientos de cualquier sociedad avanzada se construyen, todavía, con trabajo. Como en aquella mina del Donbass, en la hoy ensangrentada Ucrania, donde un hombre anónimo recordó al mundo que incluso en los tiempos más duros hay lugar para la superación. Aquella chispa, que un día encendió el orgullo de un país entero, puede ser hoy una brújula moral para una España que necesita más hechos y menos ruido.
Porque cuando las voces del enfrentamiento se apaguen, lo que quedará no serán los titulares ni las polémicas, sino el trabajo bien hecho. Ese que, sin alzar la voz, demuestra que la mejor forma de vencer la crispación no es gritar más fuerte, sino seguir construyendo juntos.
A lo largo de la historia, la política ha demostrado ser la herramienta más poderosa para cambiar la vida de las personas. Existen muchas formas de medir el éxito de un gobierno, pero pocas son tan claras y humanas como la esperanza de vida. Cuando las políticas públicas se diseñan y aplican con sensibilidad, escucha y rigor, la salud de la gente mejora. Se abren hospitales, los centros de salud cuentan con médicos y enfermeras suficientes y todos pueden acceder a tratamientos y medicamentos sin trabas ni demoras. Una sociedad que cuida su sanidad pública construye futuro y reduce las desigualdades. Por eso, cada punto ganado en la esperanza de vida es un triunfo colectivo, una muestra palpable de políticas bien hechas que ponen a las personas en el centro.
Desgraciadamente, en Andalucía estamos viviendo en los últimos años la cara oscura de la política mal orientada. Bajo el mandato de Juan Manuel Moreno Bonilla, se ha venido produciendo un deterioro significativo en el sistema sanitario público andaluz, y esto tiene consecuencias muy graves: la esperanza de vida de los andaluces se está viendo afectada, hasta el punto de situar a nuestra región entre las más castigadas de España.
Andalucía, con sus paisajes de luz, su gente cálida y su enorme diversidad, siempre ha luchado por avanzar, por alejarse de aquello que nos relegó en el pasado. Sin embargo, hoy volvemos a encabezar rankings indeseados. La tasa de mortalidad en Andalucía alcanza las 871,1 muertes por cada 100.000 habitantes, un 11,6% por encima de la media nacional. Detrás de estas cifras frías está la realidad dura de muchas familias: abuelos, padres, hijas y amigos que se apagan antes de tiempo.
La esperanza de vida en nuestra tierra se mantiene en 82,5 años, y expertos alertan que no es solo una ligera diferencia estadística con respecto a otras regiones. No es fruto del azar, ni se debe exclusivamente a factores externos. Todo responde al desgaste progresivo de nuestra sanidad pública. En estos últimos años, los centros de salud han sufrido una saturación sin precedentes. Los profesionales, desbordados y mal remunerados, no dan abasto. Largas listas de espera desesperan a quienes necesitan una consulta o un tratamiento. El material se queda obsoleto, las inversiones prometidas no llegan, y el personal sanitario migra a otras comunidades donde las condiciones laborales les permiten ejercer su vocación con dignidad.
Esta situación repercute especialmente en los sectores más vulnerables: las personas mayores y quienes luchan contra enfermedades crónicas como la diabetes o la EPOC. Para ellos, cada retraso en una cita puede marcar la diferencia. Quienes tienen recursos terminan acudiendo, resignados, a la sanidad privada. Pero quienes no pueden permitírselo, a menudo sufren en silencio, esperando una llamada que tarda en llegar. Muchas muertes que podrían evitarse, simplemente no lo son. Y detrás de cada número hay un rostro, una historia, una vida que se despide demasiado pronto.
Los datos lo confirman con crudeza: Andalucía supera la media estatal en cinco de las seis principales causas de muerte, como el cáncer, los infartos, los ictus, la insuficiencia cardiaca y el suicidio. Cuando los sistemas de prevención y atención temprana fallan, estas enfermedades golpean con más fuerza. No solo se acorta la vida, sino que también empeora la calidad de la última etapa de nuestros seres queridos.
Frente a este panorama, algunos discursos políticos tratan de desviar la atención, hablando de la influencia del cambio climático o la contaminación ambiental en la esperanza de vida. Es cierto que estos factores existen y deben preocuparnos. Pero lo que realmente marca la diferencia, lo que puede dar años de vida y esperanza a los andaluces, son unas políticas sanitarias robustas, bien financiadas y al servicio de todos.
Andalucía merece una sanidad pública fuerte, que no deje a nadie atrás. Necesitamos volver a creer que la buena política sí puede salvar vidas. Cada día perdido es una oportunidad menos para cambiar el rumbo. No podemos resignarnos ni aceptar como inevitable la pérdida de esperanza de vida. Porque defender la vida, en el fondo, es defender nuestra dignidad como sociedad. Andalucía tiene derecho a vivir más y mejor.
Este artículo se publicó en el diario digital INFOLIBRE el 7 de agosto de 2025
La frase popular «cualquier pasado fue mejor» es, en muchas ocasiones, una expresión nostálgica que idealiza épocas anteriores, ignorando los desafíos y problemas que también las caracterizaron. Esta idea no solo es producto del desconocimiento y la ignorancia, sino también del olvido selectivo que tiende a resaltar lo positivo mientras se minimiza o se omite lo negativo. En el caso de la historia reciente de España, esta afirmación resulta particularmente engañosa, ya que el país ha experimentado avances significativos en diversos ámbitos, a pesar de los nuevos desafíos que enfrenta.
Tomemos, por ejemplo, la España de la posguerra y la dictadura franquista (1939-1975). Aunque algunos puedan recordar esa época con cierta nostalgia, lo cierto es que fue un período marcado por la represión política, la censura, la falta de libertades fundamentales y una economía precaria. La autarquía económica del régimen sumió al país en un estancamiento que lo alejó de las dinámicas de crecimiento de Europa occidental. La sociedad española vivía bajo un control férreo, donde cualquier disidencia era perseguida y las mujeres, por ejemplo, tenían derechos limitados y estaban relegadas a un papel secundario en la esfera pública. ¿Era realmente mejor ese pasado?.
La transición a la democracia en los años 70 y la consolidación del Estado de bienestar en las décadas siguientes trajeron consigo avances significativos. La Constitución de 1978 estableció un marco de derechos y libertades que permitió a España integrarse en la comunidad internacional y modernizar sus estructuras políticas y sociales. Durante los años 80 y 90 del siglo pasado, el país experimentó un crecimiento económico notable, una expansión del acceso a la educación y la sanidad pública, y una mejora general en la calidad de vida. Sin embargo, incluso en esos años de progreso, hubo problemas graves, como el desempleo crónico, la corrupción política y el terrorismo, que dejó una profunda huella de dolor y división.
En el siglo XXI, España ha seguido enfrentando desafíos, como la crisis económica de 2008 y la de la COVID-19, que tuvieron un impacto devastador en el empleo y el bienestar social. Sin embargo, también ha habido avances significativos en materia de derechos civiles, como la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en 2005, un hito que situó al país a la vanguardia en la defensa de los derechos LGTBIQ+. Asimismo, la lucha por la igualdad de género ha ganado fuerza, con movimientos como el #MeToo y las masivas manifestaciones del 8 de marzo, que reflejan una mayor conciencia social sobre la necesidad de combatir la violencia machista y promover la equidad.
Es cierto que la realidad actual presenta nuevos elementos perturbadores, como el aumento de los populismos y la ultraderecha, la crisis climática o los efectos de la globalización. Sin embargo, muchos de estos problemas no son nuevos, sino que han adquirido una visibilidad mayor gracias a la democratización de la información y a una sociedad más consciente de sus derechos. Por ejemplo, la corrupción política no es un fenómeno reciente, pero hoy se denuncia y se investiga con más rigor que en el pasado.
En conclusión, la idea de que «cualquier pasado fue mejor» es una simplificación que ignora los logros alcanzados y los problemas superados. La nostalgia por un pasado idealizado es comprensible, pero peligrosa. La historia reciente de España demuestra que, a pesar de los desafíos actuales, ha habido avances significativos en materia de derechos, libertades y calidad de vida. La democracia, los derechos sociales y las oportunidades que disfrutamos hoy son el resultado de un esfuerzo colectivo por superar las sombras del ayer.
Idealizar el pasado no solo es injusto, sino que nos impide reconocer y valorar los progresos alcanzados y trabajar para enfrentar los retos del presente con una perspectiva más crítica y constructiva. Mirar hacia atrás con ojos críticos, nos permite valorar lo que hemos logrado y seguir trabajando por un futuro mejor.
Este artículo fue publicado en el diario digital CORDOPOLIS el 7 de febrero de 2025
Hay días en los que parece que la vida cuesta más, sobre todo si eres una persona trabajadora que se deja la piel para llegar a fin de mes, un abuelo que espera la pensión para ayudar a su familia, una mujer que lucha cada día para que la igualen en derechos, un joven que busca su primer empleo o una persona inmigrante que quiere vivir dignamente aunque no tenga papeles. Esta historia va de ellos, va de ti, de tu vecina, tu madre, tus hijos. Va de cómo la política, hecha con corazón y compromiso, puede cambiar de verdad la vida de la gente.
Hace unos años, muchos en España ni soñaban con cobrar un sueldo que les permitiera respirar tranquilos. Pero el salario mínimo ha subido un 61% desde 2018. Eso no es un dato técnico: es la diferencia entre llenar la nevera toda la semana o apretar el cinturón. Gran parte de quienes más notan esa subida son mujeres y jóvenes, tantos de ellos atrapados en trabajos precarios e inestables. Ahora, millones disfrutan de contratos más seguros y su futuro es un poco menos incierto.
Durante la peor época de la pandemia, se puso a prueba el pulso social del país. El miedo era general: trabajos perdidos, familias enteras temblando por si no llegaban a la próxima factura. En ese momento, la política social respondió con los ERTE, unos mecanismos que evitaron desgracias mayores y protegieron a los más vulnerables. Fue la diferencia entre perderlo todo y poder seguir adelante, con la esperanza intacta, especialmente para la clase trabajadora, pero también muchos inmigrantes regularizados al fin por su aportación esencial.
Nuestros mayores, los abuelos y abuelas que han levantado este país, saben bien lo que es pasar penurias. Las pensiones, por fin, dejaron de estar congeladas: ahora suben cuando sube la vida, poniendo a la gente mayor en el centro, reconociendo su dignidad y su derecho a no tener miedo al futuro. La “hucha” de las pensiones, esa garantía que tanto preocupaba a quienes ya no pueden trabajar, volvió a crecer, protegiendo el esfuerzo de toda una vida.
Y los jóvenes, a menudo víctimas de un paro cruel y de la falta de oportunidades, han podido acceder a más becas que nunca, escuelas gratuitas desde los dos años y ayudas para que nadie se quede al margen del futuro. Ya no es solo soñar: es tener herramientas para luchar por una vida mejor.
No hay justicia real sin igualdad, y en esto, la política también ha dado un paso al frente. Se han equiparado los permisos de paternidad y maternidad, la brecha salarial entre hombres y mujeres empieza a cerrarse y, nunca antes, tantas mujeres estuvieron al mando de las decisiones del país. Para quienes han sentido el peso de la discriminación, cada avance es más que un titular; es un reconocimiento, es un abrazo colectivo.
Y qué decir de quienes han tenido que buscar una vida mejor lejos de su tierra, cruzando mares y fronteras con el miedo a no ser nunca aceptados. Para los inmigrantes, se han facilitado procesos de regularización y se ha apostado por el respeto y la convivencia. Porque, aunque aún queda camino, la política buena es la que mira de frente a quienes más necesitan una oportunidad.
Hay historias que no aparecen en los periódicos: la panadera que respira aliviada porque por fin puede pagar el alquiler, el abuelo que accede a su medicina tranquilo, la joven que firma su primer contrato indefinido, la madre que no teme perder su empleo por ser madre. Son historias reales, son tu historia.
La buena política es la que se siente en la calle, en la mesa de la cocina, en el abrazo de un nieto, en la ilusión de un inmigrante recién regularizado, en la mirada de una mujer que, por fin, no tiene que pedir permiso para llegar lejos. Es una política que escucha a la gente, que cura heridas y que construye futuro. Y eso, aquí y ahora, sigue siendo posible.
Este texto se publicó en CORDÓPOLIS el 25 de agosto de 2025
En 2011, el periodista británico Owen Jones publicó “Chavs: la demonización de la clase obrera”, un análisis social que sacudió conciencias en el Reino Unido y más allá. Jones observó cómo en la Inglaterra contemporánea, la clase trabajadora había pasado de ser “la salde la tierra” a convertirse en un blanco recurrente de desprecio, estereotipos y broma fácil. El término “chav” se popularizó para tildar de ignorantes, conflictivos e indignos a jóvenes de extracción obrera, reforzado por los medios, la política y la cultura popular.
Jones identificó tres grandes momentos en este proceso: el asalto neoliberal de Margaret Thatcher en los años 80, que desmanteló sindicatos y sectores industriales; la expansión del discurso meritocrático por parte del Nuevo Laborismo de Tony Blair, que diluyó toda referencia explícita a la clase y abrazó la idea de una sociedad “de clase media”; y el crecimiento de una narrativa donde el fracaso económico se achaca a defectos individuales antes que a consecuencias estructurales.
Ejemplos como la estigmatización mediática de los barrios obreros o el linchamiento público de figuras televisivas procedentes de esos entornos demuestran hasta qué punto el desprecio se ha normalizado y justificado.
Para Jones, este fenómeno no era sólo cultural, sino también político: deslegitima toda alternativa colectiva y allana el camino para que la extrema derecha seduzca a quienes sienten que nadie les escucha.
ESPAÑA: EL ESPEJISMO DE LA CLASE MEDIA Y EL AVANCE DE LA ULTRADERECHA
Aunque el caso británico tiene sus singularidades, en España muchos de estos mecanismos reflejados por Jones son perfectamente reconocibles.
La demonización de la clase obrera en los medios, las bromas sobre los “chonis” y “canis”, la ridiculización de la cultura de barrio o la criminalización sindical son síntomas de cómo la sociedad española ha renegado progresivamente de sus raíces de clase.
Algunos políticos y medios han extendido la idea de que “todos somos clase media”, invisibilizando desigualdades y achacando la precariedad al fracaso individual. Así, los jóvenes y adultos de origen humilde se distancian de cualquier identidad obrera, mientras los problemas estructurales —el empleo precario, la exclusión social o el estancamiento salarial— se trivializan o transforman en espectáculo.
Esta narrativa ha creado, además, un vacío peligroso: cuando la izquierda evita nombrar la desigualdad y abandona el discurso de clase, deja en bandeja a la extrema derecha el papel de “voz del pueblo”
VOX y otras fuerzas ultras han explotado ese resentimiento, presentándose como los auténticos defensores de la dignidad popular, aunque sus verdaderos intereses sean ajenos a la justicia social.
La consecuencia es que sectores marginados, indignados por la falta de alternativas, encuentran en el neofascismo respuestas y pertenencia, mientras la izquierda se queda en la retaguardia del relato.
ESPERANZA Y RECONSTRUCCIÓN: UN HORIZONTE POSIBLE
No todo está perdido. El pensamiento de Owen Jones, lejos de caer en el pesimismo, invita a la acción colectiva y a la recuperación de la legítima dignidad obrera.
Propuestas como reivindicar el sindicalismo, fortalecer organizaciones vecinales y comunidades, y devolver a la agenda política el reconocimiento de la desigualdad estructural son vías para restablecer el vínculo perdido.
Los medios deben abandonar la caricatura y mostrar la riqueza y diversidad de la vida popular; las instituciones educativas y culturales pueden poner en valor la historia y los logros colectivos de la clase trabajadora.
Sobre todo, la izquierda tiene la oportunidad de rectificar su deriva elitista: escuchar de nuevo a quienes sufren el paro, la precariedad o la vivienda inasequible, ofrecer proyectos materiales y emocionales inclusivos, y construir una narrativa donde la solidaridad, la igualdad y la acción colectiva sean valores irrenunciables.
Si algo enseña Jones, es que la lucha de clases —lejos de ser una reliquia— sigue latiendo en las plazas, barrios y fábricas. Basta con devolverle su protagonismo, ponerle cara y voz, y romper el cerco del olvido y el prejuicio.
La esperanza reside en la reconstrucción de la confianza, la solidaridad y el orgullo popular. No es sólo deseable: es imprescindible para que España no sucumba a la fragmentación, al resentimiento y al avance del neofascismo. El futuro pertenece a quienes no olvidan, ni permiten que otros lo hagan.
Este artículo se publicó en INFOLIBRE el 16 de septiembre de 2025
La iniciativa del Ayuntamiento de Córdoba para encargar un grupo escultórico dedicado a Fernando III revela, una vez más, esa mezcla de provincianismo y falta de imaginación que tan a menudo caracteriza las decisiones institucionales en la ciudad. No es solo una estatua más, sino el síntoma de una Córdoba aferrada al cliché, ansiosa por agradar a los sectores más conservadores y, especialmente en los últimos tiempos, preocupada por seguir la estela que marca VOX, en aras de mantener al PP cómodo y sin sobresaltos internos.
El fantasma del “santo” que nunca lo fue
Fernando III de Castilla, el monarca que conquistó Qurtuba en 1236, parece destinado a protagonizar la enésima operación de homenaje local envuelta en mitología y tópicos sevillanos. La realidad histórica, que rara vez interesa a quienes manda levantar esculturas, es bien distinta. Por mucho que las autoridades y fieles sevillanos lo veneren como patrón y “santo rey”, lo cierto es que Fernando III nunca fue canonizado. Ni fue ni es santo, pese a los fastos y procesiones del siglo XVII que, más por consenso teatral que por decisión papal, consolidaron ese culto inmemorial en Sevilla y sus dominios.
La confusión se remonta a 1671, cuando Clemente X extendió la autorización de culto, pero sin llegar nunca a decretar la canonización. Por mucho que la propaganda local exhiba liturgias, toros y autos sacramentales, Fernando III quedó fuera del santoral oficial. No figura en el calendario litúrgico universal y cualquier repaso a la historiografía seria confirma que su condición de santo es una construcción, alimentada por el deseo de la monarquía y el impulso del arzobispado en tiempos de Felipe IV.
El mimetismo político y la Córdoba de siempre
Encargar una escultura a Fernando III retrata a la Córdoba oficial tal como es: necesitada de referencias “grandes”, aunque sean impostadas, y siempre dispuesta a imitar a Sevilla. El trasfondo político es aún más transparente. Lo que en apariencia parece una reivindicación del pasado cordobés es, en realidad, una maniobra orquestada para mantener el clima de entendimiento entre PP y VOX. Los gestos simbólicos, convenientemente recubiertos de nostalgia y “identidad”, sirven sobre todo para señalar obediencia y afinidad ideológica, y para evitar cualquier roce con los adalides de la España revisionista que han hecho de Fernando III su bandera.
La Córdoba “cateta”, como la definió más de uno en círculos menos complacientes, se vuelve de nuevo al espejo sevillano, reproduce el culto ajeno y olvida las verdaderas complejidades de su propia historia. Creer que el santo patrón de Sevilla, nunca canonizado, puede ser convertido en icono cordobés mediante un grupo escultórico es repetir la misma fórmula de provincianismo cutre que lleva años anestesiando el debate cultural y social de la ciudad.
¿Qué nos dice realmente esta iniciativa?
Más allá del mármol y el bronce, el encargo sobre Fernando III es un síntoma: Córdoba sigue mirando de reojo a Sevilla y se va a remolque de sus mitos, adaptando unos relatos que ni le pertenecen ni le favorecen, mientras el PP local, preocupado por mantener contentos a los aliados de VOX, legitima la ceremonia de la confusión. Mientras tanto, la realidad persiste: Fernando III, ese “santo” de cartón piedra, nunca existió, más allá de la ficción levantada por el oportunismo y el seguidismo. Pero, por lo visto, en Córdoba algunos prefieren seguir alimentando las leyendas ajenas, aunque el precio sea eternizar el perfil más cateto y sumiso de la ciudad.
Este texto se publicó en CORDÓPOLIS el 12 de septiembre de 2025
Ser de izquierdas en el siglo XXI implica una transformación profunda y multifacética que va mucho más allá de las tradicionales luchas por la justicia social y la igualdad económica. En la actualidad, la izquierda debe enfrentar un mundo en constante cambio donde las desigualdades no solo responden a diferencias de clase, sino que se manifiestan también en cuestiones de género, raza, medio ambiente y acceso a derechos fundamentales.
La izquierda contemporánea reconoce que la lucha por la justicia social debe incluir todas las formas de exclusión y discriminación. El compromiso ya no se limita a mejorar la situación laboral o económica; debe abarcar también la defensa de los derechos de las mujeres, de las comunidades racializadas, y la protección del planeta. Estas reivindicaciones están interconectadas y deben abordarse de manera conjunta para generar una transformación real y duradera.
El capitalismo actual, influido por la globalización, la concentración del poder corporativo y la digitalización, ha cambiado la manera en que las personas viven y se relacionan con el sistema económico. Hoy, la identidad de las personas no se restringe a su situación laboral: también involucra su acceso a servicios financieros, a créditos, y la forma en que son percibidas social y económicamente. Comprender estas nuevas realidades es esencial para que la izquierda pueda ofrecer alternativas que realmente cuestionen el poder y las desigualdades vigentes.
En el mundo de hoy, la izquierda debe enfrentarse a un fuerte resurgimiento de discursos y movimientos que buscan reafirmar privilegios antiguos y fomentan divisiones sociales. Los populismos de derecha, que a menudo se basan en el miedo, la exclusión y la búsqueda de chivos expiatorios, representan un desafío relevante para quienes defienden la igualdad y los derechos humanos. La izquierda debe mantener una postura firme frente a estas fuerzas, defendiendo con convicción la diversidad, la inclusión y la justicia.
Ser de izquierdas implica estar siempre atento a cualquier forma de injusticia, y al mismo tiempo mantener una actitud positiva hacia el cambio posible. Esto requiere valentía para enfrentar tensiones internas y obstáculos externos sin abandonar ideales ni visiones de futuro. La izquierda moderna se define por la capacidad de adaptarse, de generar nuevos espacios de participación y de abrirse a nuevas luchas, sin perder el horizonte de construir un mundo más justo.
Más allá de resistir, la izquierda debe ser creadora de nuevas formas de organizar la sociedad, basadas en el respeto mutuo, la solidaridad, la igualdad y la inclusión. Esto implica fomentar un debate abierto, escuchar todas las voces e impulsar transformaciones que mejoren la vida de las personas en lo cotidiano y en lo estructural. La fuerza de la izquierda radica en convertir la indignación por la injusticia en acción concreta y sostenida.
El presente muestra un escenario político complejo, con tensiones crecientes y avances de la derecha radical en diversos países. Sin embargo, la izquierda sigue siendo imprescindible para afrontar los grandes desafíos globales, como la crisis climática y las desigualdades crecientes. Su éxito dependerá de su capacidad para renovarse, construir alianzas diversas y mantenerse firme en la defensa de los derechos humanos, la dignidad y la justicia social, sin perder nunca la voluntad de transformar la realidad.
Este texto se publicó en el diario INFOLIBRE el 11 de octubre de 2025
De A para X 