ELEGIR ENTRE UN LERDO O UN MISERABLE

Alberto Núñez Feijóo ha exigido la devolución inmediata de “todos” quienes han entrado irregularmente en Ceuta. Todos: adultos, menores, posibles solicitantes de asilo, personas identificadas y no identificadas. Su receta es expeditiva porque su lenguaje también lo es: habla de “invasión”, de “ocupación” y de una especie de premio perverso para quien alcanza suelo español. 

Pero España no es una tertulia de sobremesa, ni Ceuta un decorado para el alarmismo electoral. Es territorio español, sometido a la Constitución, a la Ley de Extranjería, a la Convención sobre los Derechos del Niño, al Derecho de la Unión Europea y a los tratados internacionales de protección de refugiados. Y esa legislación impide precisamente lo que Feijóo reclama: devoluciones colectivas, automáticas e indiscriminadas. 

La cuestión, por tanto, es incómoda pero inevitable. Si Feijóo conoce el derecho —y es licenciado en Derecho—, su demanda no es una propuesta de política migratoria: es la invitación pública a que el Gobierno incumpla la ley. Si no lo conoce, si ignora el contenido elemental de las normas y resoluciones judiciales aplicables, entonces resulta difícil no preguntarse qué clase de formación jurídica sostiene su discurso. Hay que elegir entre dos posibilidades: el lerdo que desconoce la legalidad o el miserable que la conoce y pide que se viole. 

LA LEY NO DICE “TODOS” 

Que una persona haya accedido a España por una vía irregular no la convierte en un objeto sin derechos. Tampoco autoriza al Estado a entregarla de inmediato a otro país sin identificarla, sin escucharla, sin asistencia letrada, sin expediente y sin examinar si necesita protección internacional. 

La Ley de Extranjería contempla procedimientos de devolución, sí. Pero son procedimientos, no una licencia para cargar seres humanos en un autobús y dejarlos al otro lado de la frontera. Requieren garantías individuales. Y la doctrina judicial reciente ha sido especialmente clara respecto de quienes acceden a Ceuta por mar o a nado: no pueden ser objeto de un rechazo automático en frontera, sino que deben pasar por el cauce ordinario previsto legalmente. 

La distinción no es caprichosa. El llamado “rechazo en frontera” tiene un ámbito muy restringido: se vincula a intentos de superar los elementos de contención fronterizos, como las vallas de Ceuta y Melilla. No permite devolver sin más a cualquier persona que haya llegado irregularmente a la ciudad, y menos aún a quienes ya han alcanzado la costa. 

Feijóo no reclama que se aplique la ley con eficacia, celeridad y medios. Reclama que desaparezca. Su “todos” borra las circunstancias personales, elimina el control administrativo, neutraliza el derecho a defensa y convierte la frontera en una zona donde el Estado puede actuar sin reglas. Es una idea profundamente incompatible con un Estado de derecho. 

LOS MENORES NO SON EQUIPAJE 

La obscenidad política de la propuesta aumenta cuando se aplica a menores de edad no acompañados. Feijóo no ha introducido excepción alguna. Al contrario: ha insistido en que deben ser devueltos todos, “mayores y menores”. 

Pero un menor no es un adulto en miniatura ni una cifra incómoda en una estadística migratoria. La legislación española establece un procedimiento específico de repatriación, en el que el criterio rector es el interés superior del menor, no la conveniencia propagandística del dirigente de turno. Ello exige identificación, tutela, audiencia, localización de familiares cuando sea posible, evaluación de las condiciones de retorno y comprobación de que la devolución no lo sitúa en desamparo, riesgo o vulneración de derechos. 

No basta, por tanto, con declarar que Marruecos está al otro lado de la frontera. La Administración debe determinar, caso por caso, si el retorno resulta realmente compatible con la protección debida al niño, niña o adolescente. La devolución colectiva de menores es ilegal. Y reclamarla desde un atril, mientras se agita el fantasma de una supuesta “invasión”, no es firmeza: es irresponsabilidad institucional. 

El lenguaje importa. Cuando se llama “ocupantes” o “invasores” a personas migrantes —incluidos menores—, se busca que la opinión pública olvide que hay individuos concretos detrás de la etiqueta: adolescentes solos, familias separadas, víctimas de redes, personas que huyen de persecución o de contextos de extrema vulnerabilidad. Primero se les deshumaniza; después se intenta justificar que se les trate al margen de la ley. 

EL PRECEDENTE DE CEUTA 

Feijóo debería saberlo porque ocurrió en Ceuta y porque no hace tanto tiempo. En agosto de 2021, 55 menores marroquíes fueron repatriados desde la ciudad autónoma sin seguir el procedimiento legalmente exigido. La Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta, condenó por prevaricación administrativa a la entonces delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, y a la exvicepresidenta del Gobierno ceutí, Mabel Deu. La pena: nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. 

La sentencia consideró que la decisión fue arbitraria y manifiestamente injusta. El Tribunal Supremo ya había confirmado que aquellas devoluciones eran ilegales porque no se ajustaron al procedimiento previsto en la normativa de extranjería. 

No hablamos, pues, de una discusión abstracta entre sensibilidades ideológicas. Hablamos de hechos que ya han terminado en condenas. Quien pide hoy una devolución exprés e indiscriminada de menores está proponiendo repetir, con miles de potenciales afectados, el mismo esquema que llevó a la inhabilitación de responsables públicos. 

Hay algo especialmente grave en esa ligereza. Feijóo no es un tertuliano sin responsabilidades, ni un agitador digital que pueda refugiarse en la hipérbole. Aspira a presidir el Gobierno de España. Sus palabras orientan a su partido, presionan a las instituciones y alimentan un clima social en el que el cumplimiento de los derechos fundamentales se presenta como debilidad. 

SEGURIDAD SÍ, ILEGALIDAD NO 

Defender una frontera ordenada no obliga a abdicar de la legalidad. España puede y debe reforzar los recursos de acogida, la identificación, la atención a menores, la cooperación consular, el control de las redes de trata y el funcionamiento de los procedimientos administrativos. Puede exigir a Marruecos cooperación efectiva y respeto a los acuerdos suscritos. Puede tramitar devoluciones individuales cuando procedan, con garantías y control judicial. 

Eso es gobernar. Lo otro es gritar “que se vayan todos” para obtener un aplauso fácil. 

La seguridad no es el derecho del poderoso a saltarse las normas cuando le conviene. Es la certeza de que las instituciones actuarán conforme a la ley, incluso ante situaciones difíciles. Precisamente entonces. Si el Gobierno deportara de forma automática a quienes han llegado a Ceuta, incluidos menores y solicitantes de protección, no estaría defendiendo el orden jurídico: estaría vulnerándolo. 

Y si lo hiciera después de que el líder de la oposición se lo reclamase a gritos, Feijóo podría presentar la operación como una victoria política. Los responsables administrativos, en cambio, se quedarían con los expedientes, los recursos, las sentencias y, si se acredita la arbitrariedad consciente, las consecuencias penales. 

LA ALTERNATIVA INDECENTE 

Feijóo tiene derecho a sostener que la política migratoria del Gobierno es insuficiente, errática o improvisada. Puede exigir medios, planificación, cooperación europea y firmeza diplomática. Puede reclamar que los procedimientos se resuelvan con rapidez. Todo eso cabe en una democracia. 

Lo que no cabe es exigir que se devuelva inmediatamente a “todos”, sabiendo —o teniendo la obligación elemental de saber— que no todos se encuentran en la misma situación jurídica, que los menores tienen protección reforzada, que quien pide asilo no puede ser devuelto sin examen de su solicitud y que las devoluciones colectivas y en caliente tienen límites legales precisos. 

No es valentía exigir al Estado que cometa una ilegalidad. Es populismo punitivo. No es patriotismo hablar de “invasión” ante personas que llegan a nado, muchas de ellas menores. Es una elección calculada de palabras para sustituir el derecho por el miedo. 

De modo que la disyuntiva permanece. O Alberto Núñez Feijóo ignora las normas que invoca desde su condición de licenciado en Derecho y demuestra una incompetencia alarmante. O las conoce y pide que se incumplan, aprovechando la vulnerabilidad de miles de personas para fabricar un discurso de mano dura. 

Entre un lerdo y un miserable, el líder del PP debería aclararnos cuál de los dos quiere ser.

Este artículo fue publicado por INFOLIBRE el 1/9/26

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FRENTE AL FUEGO NEGACIONISTA, BLINDAJE SOCIAL Y ECOLÓGICO

Mientras las llamas devoran miles de hectáreas y dejan tras de sí un reguero de ceniza, pérdidas irreparables y pueblos enteros atenazados por el miedo, el gobierno de Pedro Sánchez ha decidido actuar con una premisa clara: no dejar a nadie atrás en la primera línea de la emergencia climática. La reciente aprobación de un Real Decreto-ley que blinda a las personas trabajadoras y empresas paralizadas por los incendios es mucho más que un salvavidas económico; es el embrión tangible del escudo social que debe vertebrar el imprescindible Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática.

No hablamos de gestos simbólicos. La norma aprobada implica que el Estado asumirá directamente los salarios y las cotizaciones de aquellos cuya actividad se haya visto interrumpida por la devastación del fuego. Además, se amplían los permisos retribuidos para quienes han sido desalojados de sus hogares o han sufrido la pérdida de un ser querido en medio del caos. Es la respuesta de un Ejecutivo que entiende que la crisis climática no es un debate de sobremesa, sino un zarpazo diario a la vida de la gente trabajadora.

Esta medida de protección inmediata se enmarca en una visión más amplia que debe traducirse en un Pacto de Estado sólido. Un escudo que combine la prevención forestal durante los doce meses del año, entendiendo que el monte no arde solo en verano; la inversión continua y planificada en la restauración de ecosistemas arrasados; y una red de seguridad social lo suficientemente fuerte como para que las comarcas más golpeadas no se vean abocadas al abandono tras cada desastre. La transición ecológica no puede construirse sobre la intemperie social.

Sin embargo, mientras las administraciones intentan coser el territorio roto, la maquinaria del negacionismo climático vuelve a activarse con la misma táctica de siempre: la deslegitimación. Tildan este despliegue de protección de “gasto ideológico” y boicotean activamente la posibilidad de un gran acuerdo que trascienda siglas. Su estrategia es tan vieja como peligrosa: paralizar mediante el bulo la respuesta a una crisis que destruye vidas, hogares y naturaleza. Se niegan a ver —o fingen no ver— que la prevención sale más barata que la reconstrucción, y que la inversión pública en adaptación climática es la única garantía de futuro para los sectores económicos que ellos dicen defender.

No podemos permitirnos el lujo del ruido. Frente a quienes encienden la mecha del odio y la desinformación, necesitamos un Estado que refuerce su músculo protector. La emergencia climática ha dejado de ser un concepto abstracto para convertirse en humo que entra por las ventanas. Este Pacto de Estado no va de ideología: va de decidir si como sociedad estamos dispuestos a tenderle una mano a quien lo pierde todo o si dejamos que el fuego —el físico y el del discurso— lo calcine también.

Publicado en CORDOPOLIS el 11 de agosto de 2026

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LA GORRA QUE HUMILLA A TRUMP

Hay gestos políticos que muerden más que mil discursos. El sábado 28 de marzo, Pedro Sánchez subió a Instagram un vídeo pedaleando por la montaña con una gorra roja calcada, hasta en la tipografía, a la mítica visera de Donald Trump. Pero donde el magnate neoyorquino borda “Make America Great Again”, la del presidente español decía “Make Science Great Again”: “Hagamos la ciencia grande otra vez”. Y antes de arrancar a pedalear, suelta la frase que ya es meme y ya es también un dedo en el ojo del trumpismo: “Hoy le vamos a dar caña”.

No fue una broma inocente. Fue una provocación calculada, y funcionó como tal: el vídeo, musicado con la sintonía de Hannah Montana, se hizo viral en cuestión de horas, con tuiteros e influencers estadounidenses boquiabiertos ante la escena de un jefe de Gobierno europeo ridiculizando en su propio idioma al hombre que se cree amo del mundo. La gorra, además, no era un capricho de guardarropía: se la había regalado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, tras una cumbre del clima, como guiño a un lema que circula desde hace meses entre la comunidad científica estadounidense para denunciar el acoso sistemático de la Casa Blanca a la investigación. Sánchez no improvisó el zasca: lo llevaba preparado.

Detrás de la broma, una masacre con presupuesto

Reducir el episodio a un simple viral sería hacerle el juego a quienes prefieren que hablemos de gorras y no de lo que hay detrás. Porque lo que hay detrás es, sin eufemismos, una guerra declarada contra el conocimiento. Desde su vuelta al poder, la Administración Trump ha recortado con hacha los presupuestos de investigación: hasta un 40% menos para los Institutos Nacionales de Salud (NIH), un 56% menos para la Fundación Nacional para la Ciencia y un 50% de tijeretazo al área científica de la NASA, además de la cancelación de misiones espaciales y de líneas de investigación sobre cambio climático, vacunas, género o diversidad que resultan incómodas para el conservadurismo más reaccionario. Harvard, símbolo académico mundial, ha sufrido la cancelación de contratos federales y la amenaza —judicialmente frenada, que no abandonada— de prohibir la matrícula de estudiantes extranjeros. No es recorte: es depuración ideológica con forma de partida presupuestaria.

El resultado es un éxodo sin precedentes que debería avergonzar a cualquier país que se diga líder mundial. Una encuesta de la revista Nature reveló que el 75% de los más de 1.200 investigadores estadounidenses consultados se plantea abandonar el país. Científicos consultados por la Prensa lo comparan, sin exagerar un ápice, con la fuga de cerebros de la Alemania de los años treinta, solo que ahora en sentido inverso: ya no es Europa la que expulsa el talento hacia América, sino Estados Unidos el que empuja a sus mentes más brillantes al otro lado del Atlántico por miedo, censura y recortes. Uno de los investigadores entrevistados lo resume sin rodeos y sin necesidad de más comentario: “Tengo miedo al fascismo”.

España no se ríe: recoge a los que Trump expulsa

Frente a ese incendio, el Gobierno de Sánchez no se ha limitado a las burlas en redes sociales: ha actuado, y con cifras que desmontan a quienes acusan al presidente de frivolizar. El programa ATRAE, gestionado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que dirige Diana Morant, ha triplicado su presupuesto hasta los 45 millones de euros en su última convocatoria, con un incentivo extra de 200.000 euros para quienes vengan huyendo desde Estados Unidos. El efecto es contundente: más de 254 investigadores de todo el mundo se postularon en la última edición, uno de cada tres procedente de Estados Unidos, y del centenar y medio de “fichajes” definitivos, el 56,7% llega escapando de los laboratorios censurados por la Administración Trump. Como resume sin medias tintas la propia Morant, España se está convirtiendo en “refugio de valores democráticos y científicos frente a los recortes en ciencia por parte de otros países”. Dicho de otro modo: mientras Trump quema bibliotecas, Sánchez enciende laboratorios.

No es un gesto solitario ni un golpe de efecto español. Diez países europeos, entre ellos Alemania, Francia y España, pidieron ya en 2025 a Bruselas una respuesta coordinada, y la Comisión Europea de Ursula von der Leyen respondió con la iniciativa Choose Europe for Science, dotada con 500 millones de euros para 2025-2027. Francia lanzó Safe Place for Science y Choose France for Science, precisamente para las disciplinas que Trump considera “prohibidas”: estudios de género, clima, historia, biología. Europa entera, con España a la cabeza, se está convirtiendo en el dique de contención frente a un modelo que trata el conocimiento como enemigo ideológico y a los científicos como disidentes a perseguir.

El chiste que desnuda al negacionismo

Por eso la gorra de Sánchez no es solo un “zasca” viral, aunque también lo sea y hay que celebrarlo como tal. Es un posicionamiento político nítido y necesario en un momento en que la desinformación se disemina más rápido que la verdad y el mundo afronta a la vez una crisis climática, amenazas pandémicas y pérdida de biodiversidad que exigen políticas basadas en evidencia, no en consignas de bar. El guiño a la ciencia es, además, una bofetada directa al negacionismo antivacunas que ha convertido en bandera el vicepresidente estadounidense J.D. Vance y buena parte del entorno MAGA, ese mismo entorno que prefiere creer a un influencer antes que a un epidemiólogo.

Y no sorprende que el episodio también haya servido de espejo incómodo para la derecha española, esa que corea consignas importadas sin plantearse jamás sus consecuencias. Mientras algunas voces trumpistas acusaban a Sánchez de “no defender a su país” y reclamaban un imposible y ridículo “Make Spain Great Again”, el propio Congreso de Estados Unidos —incluso con mayoría republicana— acabó rechazando por amplio margen los recortes más brutales que planteaba la Casa Blanca para la NASA, la Fundación Nacional de Ciencia y la Agencia Nacional Atmosférica, en una votación de 82 a 15 en el Senado. Ni siquiera en Washington cunde ya el consenso de que la ciencia sea sacrificable en el altar del populismo. Que se enteren los que en España aplauden a rabiar cada ocurrencia de Trump: ni sus propios votantes le ríen ya todas las gracias.

Ciencia contra ideología: no hay término medio

La lección política es sencilla y merece decirse sin medias tintas ni falsas equidistancias: mientras el trumpismo y sus imitadores locales tratan el conocimiento como una amenaza —censurando la investigación sobre el clima, la salud pública o la igualdad—, el Gobierno de España ha optado por lo contrario: invertir, acoger y proteger a quienes producen ese conocimiento. Una gorra roja con una frase en inglés puede parecer un detalle menor de la política de las redes sociales. No lo es. Resume, mejor que cualquier discurso, una disputa de fondo entre dos modelos irreconciliables: el que financia laboratorios y protege a sus investigadores frente al que los persigue, los calla y los expulsa por motivos puramente ideológicos.

Frente al “Make America Great Again” que amenaza con dejar a Estados Unidos sin ciencia —y sin futuro—, “Make Science Great Again” no es solo una broma bien puesta ni un simple golpe de comunicación. Es la defensa, sin complejos, de que las políticas públicas deben seguir construyéndose con datos, evidencia y verdad, y no con el negacionismo ni con las camisetas de un movimiento que ha convertido la mentira en programa de gobierno. La derecha española que mira hacia Washington como quien mira a un espejo debería tomar nota: se puede imitar el populismo de Trump, pero no se puede imitar su fracaso.

Publicado por EL PLURAL el 15 de agosto de 2026

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EL PP QUIERE QUE PAGUES POR EL SOL QUE YA ES TUYO

España tiene entre 2.500 y 3.300 horas de sol al año, la cifra más alta de Europa. Huelva roza las 3.527 horas; Córdoba y Cádiz superan las 3.300; Almería, Granada y Jaén no bajan de 3.200. Ningún otro país del continente tiene semejante fortuna climática regalada, gratis, todos los días del año. Y aun así, este es el único país de Europa donde un Gobierno tuvo la ocurrencia de cobrarle a un ciudadano por generar su propia electricidad en su propio tejado con su propio dinero. Se llamó impuesto al sol. Lo inventó el PP. Y una década después, el PP quiere volver a intentarlo, solo que esta vez con un disfraz técnico y la boca pequeña.

Un invento tan absurdo que ni ellos se atrevieron a defenderlo con la cara descubierta

El impuesto al sol —bautizado oficialmente «peaje de respaldo» porque hasta ellos sabían que el nombre real olía mal— nació con el Real Decreto 900/2015, firmado el 9 de octubre de 2015 por el ministro de Industria de M.Rajoy, José Manuel Soria. La norma obligaba a pagar por la energía solar que un hogar consumía en su propia casa, aunque ese kilovatio no llegara jamás a la red eléctrica. Es decir: se penalizaba producir tu propia luz por el simple hecho de producirla. No hay eufemismo que sobreviva a esa frase.

El rechazo fue tan brutal que en julio de 2015 dieciocho partidos firmaron un manifiesto conjunto contra el impuesto al sol, formaciones que meses después sumarían 227 de los 350 escaños del Congreso. Le dio igual al PP. Gobernó con él a pesar de esa mayoría en contra. Y cuando en enero de 2018 el Parlamento Europeo votó reconocer el derecho al autoconsumo sin cargas, el PP español fue el único partido grande de todo el continente que votó en contra: solo, aislado, defendiendo lo indefendible mientras sus propios socios europeos se lo quitaban de encima. Tuvo que llegar Pedro Sánchez para derogarlo en octubre de 2018 y reconocer, por fin, que autoconsumir energía limpia es un derecho, no un delito fiscal.

Nadie diseña un impuesto así por error técnico. Se diseña porque hay un modelo de negocio al que le molesta que la gente deje de depender de él. Eso, y no otra cosa, es lo que estaba en juego entonces. Y es lo que sigue en juego ahora.

Una década perdida por capricho ideológico, y el freno sigue puesto

Desde su derogación, el autoconsumo ha crecido hasta unos 9,3-9,6 GW acumulados a cierre de 2025, cubriendo ya en torno al 4% del consumo eléctrico español. Pero llevamos ya tres años seguidos de frenazo: en 2025 se instaló un 15% menos de potencia nueva que en 2024, muy lejos del pico de 2022. Elon Musk —que no es precisamente sospechoso de simpatías de izquierda— ha dicho que España podría «suministrar energía a toda Europa» con su potencial solar. Y en vez de acelerar, frenamos. ¿Por qué se enfría la inversión en un país bañado en sol? Porque nadie invierte en placas si sospecha que mañana el Gobierno de turno le cambia las reglas otra vez. Y esa sospecha tiene nombre y apellido.

El impuesto al sol 2.0: mismo fondo, distinto envoltorio

En junio de 2026, el vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, se subió a un atril en la Universidad Rey Juan Carlos y dijo, sin ruborizarse, que quien tiene placas solares recibe una «subvención» injusta y «regresiva» pagada por quienes no las tienen, y que hay que «reconstruir el peaje entero» para que quien autoconsume pague también por la red. Le preguntaron directamente si eso era el impuesto al sol. No lo negó. Lo confirmó: «Exactamente lo que acabo de describir: era que la instalación fotovoltaica de autoconsumo pagara también los costes de red», respondió, según recoge el mismo medio.

Traduzcámoslo sin marketing: quieren volver a cobrarte por el sol que cae gratis sobre tu tejado. Pueden llamarlo «reajuste de peajes», «revisión tarifaria» o «equilibrio del sistema» —de hecho ya lo están llamando así, precisamente para que suene a otra cosa—, pero el fondo es idéntico al de 2015: castigar a quien decide depender un poco menos de las grandes eléctricas. Y el apellido Nadal no es casualidad en esta historia: fue Álvaro Nadal, hermano de Alberto, quien como secretario de Estado de Energía con Rajoy diseñó buena parte de aquel disparate que Sánchez tuvo que desmontar después. En esta casa, el negocio se hereda en familia.

Sigan el dinero: ahí está la respuesta

¿A quién beneficia frenar el autoconsumo? No hay que buscar mucho. Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol ganaron juntas 12.405 millones de euros en 2025, un 11% más que el año anterior. Iberdrola sola se embolsó 6.285 millones, récord histórico; Naturgy, otro récord con 2.023 millones; Endesa disparó su beneficio un 16%. En 2024 ya habían ganado 11.157 millones entre las cinco grandes. Cada hogar que se hace algo más independiente con sus propias placas es, para ese negocio, un cliente que se les escapa un poco de las manos. Frenar el autoconsumo no protege a «los que no tienen placas», como dice Nadal con cara de póker: protege el margen de las compañías que quieren seguir cobrándonos cada kilovatio hasta el último día de nuestras vidas.

Y el vínculo entre el PP y esas empresas no es una teoría, es una nómina. Al menos una docena de altos cargos afines al PP han ido a parar a consejos de administración de eléctricas y gasistas en la última década, con Red Eléctrica y Enagás convertidas casi en agencias de colocación para exministros populares. En Bruselas, el PP mantuvo 21 reuniones con el lobby energético durante 2025, y solo una fue con una empresa plenamente favorable a las renovables. Y cuando en 2025 el Gobierno intentó blindar el sistema eléctrico tras el gran apagón de abril con un decreto que las propias eléctricas pedían aprobar, fue el PP quien puso la norma en riesgo con su rechazo, hasta el punto de que el propio Ejecutivo le acusó de actuar como el lobby del sector, no como oposición política.

El absurdo, sin anestesia

Resumamos, porque el disparate merece decirse con todas las letras: España tiene el mejor recurso solar de Europa, la tecnología para aprovecharlo, la demanda ciudadana para acelerarlo y hasta un objetivo oficial de llegar a 19 GW de autoconsumo en 2030. Lo único que le sobra es un partido que, cada vez que gobierna o que huele que puede volver a gobernar, mira ese sol y ve un problema que resolver a favor de cuatro empresas en lugar de una oportunidad que aprovechar para veinte millones de hogares. No es torpeza. No es un desliz técnico de un vicesecretario que se explicó mal. Es una elección consciente y repetida: el PP, otra vez, del lado de quien te vende la luz y nunca del lado de quien quiere dejar de necesitarla tanto.

Publicado en EL PLURAL el 8 de agosto de 2026

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RESISTIR PARA GOBERNAR: CUANDO EL PODER SE DECIDE EN LA VIDA DE LOS MÁS VULNERABLES

Hay preguntas que se formulan con sorna, pero que delatan mucho más de lo que aparentan. Una de ellas, instalada en tertulias y editoriales de cierta prensa, es esa que suelta con desdén: «¿Resistir, para qué?». Se lanza contra el Gobierno de coalición progresista como si la resistencia fuera un gesto patético de aferrarse al poder, una forma de prolongar la agonía en La Moncloa. Pero quien así pregunta, o no entiende nada de Política, o prefiere no entenderla. Porque para un partido socialdemócrata, resistir no es aferrarse a un sillón: es la condición indispensable para cumplir su razón de ser. Y esa razón es muy simple y a la vez muy profunda: mejorar la vida de quienes más lo necesitan.

Ahí reside la diferencia abismal entre dos formas de entender la Política. Una la concibe como un tablero donde lo único que importa es quién ocupa la casilla central. La otra, como una herramienta de transformación real, cotidiana, que se mide en días de cuidado, en noches de alivio, en vidas que recuperan dignidad. La Derecha política, mediática y una parte del poder judicial caricaturizan la resistencia como un empecinamiento porque les incomoda su resultado: que proyectos como la refundación del sistema de Dependencia sean hoy una realidad.

6.200 millones razones para resistir

Porque hablemos claro: no es lo mismo gobernar para la foto que gobernar para los que no salen en la foto. La inversión de 6.200 millones de euros para relanzar el sistema de Dependencia no es una cifra abstracta. Es la traducción en números de una decisión política que pone el alma del Estado donde duele: en los hogares donde hay una cama ocupada por alguien que ya no puede valerse solo, en las manos de una hija que cuida a su madre sin ayuda, en los centros de día que hasta ahora iban con la lengua fuera. Es más financiación para cada persona con dependencia reconocida, más recursos para las comunidades autónomas, más plazas de residencia, más atención domiciliaria, más respiro para las familias cuidadoras.

Este es el contraste que molesta. Porque durante décadas la memoria colectiva acumuló ejemplos de despilfarro faraónico: aeropuertos sin aviones, puertos sin barcos, ciudades de la cultura con sobrecostes del 300%, velódromos vacíos que el presidente del Gobierno no dudó en llamar «de la corrupción». Hoy, en lugar de cemento para inaugurar, hay recursos para sostener. No hay grandes placas, ni inauguraciones con copas de cava, pero hay alivio. Y ese alivio es lo único que justifica el poder.

Quienes preguntan «¿resistir, para qué?» deberían asomarse a la vida de una familia con un dependiente a su cargo y preguntarles si esas 6.200 millones les parecen fruto de un capricho o de una lucha que ha valido la pena.

Gobernar en medio del ruido

Y todo esto se hace en un ambiente político deliberadamente enrarecido. El “lawfare” ha dejado de ser una palabra técnica para convertirse en una realidad cotidiana: causas encadenadas, filtraciones selectivas, una presión judicial y mediática que no cesa. A eso se suma una polarización que se alimenta cada mañana desde ciertos focos, donde el Gobierno es retratado como un actor acorralado, casi ilegítimo, que se sostiene por astucia parlamentaria. Pero la astucia, cuando se utiliza para proteger a los más débiles, no es trampa: es inteligencia al servicio de un proyecto.

Porque mientras unos se dedican a desgastar, otros se dedican a gobernar. Y los hechos son tozudos. España ha crecido un 8,5% desde niveles precovid, un 40% más que la media de la eurozona, 22 veces más que Alemania. La afiliación a la Seguridad Social supera los 22,5 millones de personas. La renta real de las familias ha subido un 8,4% descontada la inflación. La pobreza y la desigualdad están en mínimos históricos. Y todo ello convive con una máquina de fango que trata de reducirlo a sospecha. Por eso el Gobierno insiste en «no perder el Norte»: en medio del ruido, mantener la brújula apuntando a la justicia social es un acto de resistencia que requiere más coraje que cualquier discurso de oposición.

Resistir para que nadie quede atrás

Desde esa perspectiva, la pregunta ya no es si resistir tiene sentido, sino qué ocurre si no se resiste. Si un gobierno progresista en minoría tirara la toalla ante la presión, ¿quién ocuparía el espacio? ¿Qué pasaría con la inversión en Dependencia, con el escudo social frente a las guerras, con las reformas que han permitido crear empleo y reducir desigualdad? ¿Quién protegería a las familias cuando la factura de la luz se dispara o cuando una guerra ilegal golpea los precios?

Para los y las socialistas, gobernar por medios legítimos y democráticos no es un capricho ni un ejercicio de empecinamiento. Es la única vía para hacer realidad una ideología que sitúa la justicia social, la igualdad y la solidaridad por encima de cualquier otro interés. La derecha en sus tres frentes no soporta que el poder se utilice precisamente para eso: para subir el salario mínimo, reforzar las pensiones, impulsar la transición ecológica, y ahora volcar miles de millones en los cuidados. No soporta que la resistencia tenga frutos concretos.

Por eso, cuando la coyuntura se complica, el Gobierno responde ampliando el escudo social. Porque resistir no es esperar a que pase el temporal; es ponerse el chubasquero y salir a proteger a los que más lo necesitan.

La respuesta definitiva

Así que la respuesta a esa pregunta maliciosa es muy sencilla: resistir para gobernar, gobernar para cuidar, cuidar para que nadie quede desprotegido. Resistir para que una persona dependiente tenga una plaza digna, para que el hijo o la hija que cuida de su madre mayor pueda contar con ayuda profesional, para que los datos de empleo se traduzcan en más cohesión territorial y menos desigualdad.

Resistir para no perder nunca el Norte. Porque si ese Norte se pierde, los primeros que lo notarían no serían los protagonistas de la bronca mediática, sino precisamente quienes menos ruido hacen: los más vulnerables, los que viven de un salario, de una pensión, de un subsidio, los que dependen de que alguien, desde el Gobierno, tenga muy claro para qué merece la pena seguir adelante.

Este artículo fue publicado en INFOLIBRE el 29 de junio de 2026

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LA BATALLA POR EL SENTIDO COMÚN

Antonio Gramsci no hablaba de cultura como un adorno, sino como un campo de poder. Quien controla el sentido común controla, en gran medida, la realidad política. La hegemonía cultural no consiste en prohibir ideas, sino en algo más eficaz: hacer que ciertas ideas ni siquiera se cuestionen.

Ese es el núcleo del problema. No se trata de que la ciudadanía acepte un sistema bajo amenaza, sino de que lo perciba como lógico, inevitable o incluso deseable. Cuando eso ocurre, el conflicto desaparece de la superficie, pero no porque haya sido resuelto, sino porque ha sido neutralizado.

Hoy, esa hegemonía ya no se construye únicamente desde las instituciones clásicas. Ha mutado. Se infiltra en los algoritmos, en los formatos virales, en la estética dominante, en los marcos emocionales con los que interpretamos el mundo. No hace falta un gran relato único: basta con imponer los límites de lo pensable.

En el siglo XXI, la batalla cultural no se libra solo en editoriales o parlamentos, sino en timelines, tendencias y métricas. La supuesta democratización digital ha ampliado las voces, pero no ha redistribuido el poder. Las grandes plataformas organizan la visibilidad, jerarquizan discursos y premian determinadas formas de expresión —rápidas, polarizadas, simplificadas— que favorecen ciertos marcos ideológicos frente a otros.

La hegemonía contemporánea no necesita convencer a todos. Le basta con saturar, fragmentar y desgastar. En ese ruido constante, el pensamiento crítico pierde terreno y el sentido común se reconfigura sin apenas resistencia.

El “sentido común” según VOX

En este escenario, la extrema derecha ha entendido muy bien la importancia de la batalla cultural, y en España VOX es un ejemplo paradigmático de ese proyecto. Cuando sus dirigentes se presentan como el partido del “sentido común” y repiten la fórmula en mítines, debates televisivos y campañas en redes, no están apelando a una neutralidad razonable, sino intentando blindar su propia hegemonía cultural: un proyecto que convierte el nacionalismo español centralista y los valores tradicionales conservadores en la única norma legítima.

Esa operación se acompaña de una inversión deliberada del relato: a través de la insistencia en la “Agenda España”, el “marxismo cultural” o la “ideología de género”, VOX intenta hacer pasar a las minorías por dominantes y a los sectores privilegiados por víctimas. Lo que se cuestiona ya no es el poder real que se ejerce, sino la mera existencia de discursos feministas, antifascistas, plurinacionales o ecologistas, presentados como una ofensiva contra la “gente normal”.

La política cultural de VOX

La política cultural de VOX no busca ampliar libertades ni diversidad, sino homogeneizar. Allí donde ha tenido influencia institucional, ha priorizado la tauromaquia como seña identitaria excluyente, ha promovido actos y símbolos ligados a una lectura nostálgica del Imperio español y ha apoyado iniciativas que recortan apoyo a proyectos culturales críticos, feministas o de memoria democrática.

La educación y la cultura se conciben como trincheras: se cuestionan contenidos escolares sobre violencia machista o memoria histórica, se estigmatiza a artistas y programaciones con discurso crítico, se denuncia cualquier avance en políticas de igualdad como “adoctrinamiento”. La cultura se utiliza así como arma de guerra cultural para imponer un imaginario único de nación, género y tradición, en línea con las estrategias de otras fuerzas de extrema derecha europeas y con los movimientos reaccionarios surgidos en Estados Unidos.

Su retórica contra la “corrección política” y el “marxismo cultural” no es una defensa genuina de la libertad de expresión, sino un intento de legitimar mensajes de odio mientras se empuja hacia la censura o la deslegitimación social de expresiones artísticas y pedagógicas que incomodan su proyecto de sociedad. Se busca que lo reaccionario parezca sentido común y que lo igualitario parezca radicalismo.

¿Cómo disputar esa hegemonía?

Frente a este proyecto, la respuesta no puede ser ingenua ni puramente defensiva. Combatir la hegemonía cultural exige asumir que estamos ante un conflicto político de largo alcance.

En primer lugar, hay que disputar el lenguaje. Las palabras no son neutrales: delimitan lo que se puede pensar. Cuando VOX consigue que “libertad” signifique desregulación ilimitada, que “seguridad” signifique endurecimiento punitivo sin abordar causas estructurales, o que “sentido común” signifique negar derechos a migrantes, mujeres o personas LGTBI, ha movido el marco entero de la discusión. Ceder esos significados es ceder el terreno antes de empezar.

En segundo lugar, es imprescindible ocupar los espacios donde hoy se produce el sentido. No basta con tener razón en análisis que circulan sólo entre convencidos. La batalla se libra también en vídeos breves, en hilos de redes, en formatos muy accesibles. Si la extrema derecha ha aprendido a convertir memes, clips y consignas en dispositivos de hegemonía cultural, la respuesta democrática necesita apostar por narrativas igual de eficaces en lo formal, pero radicalmente diferentes en lo ético y político.

En tercer lugar, hay que construir alternativa, no sólo crítica. Desmontar los marcos de VOX es necesario, pero insuficiente. Sin un horizonte propio —sin un relato que articule otra forma de vivir, de relacionarse, de entender lo común y de cuidar la diversidad— toda oposición queda atrapada en la reacción permanente. La cultura progresista necesita ofrecer imágenes deseables de futuro, no sólo advertencias sobre los riesgos del presente.

Conviene recordar algo que Gramsci tenía claro: la hegemonía no es un evento, es un proceso. Se construye día a día, en lo visible y en lo invisible. En las instituciones, sí, pero también en las conversaciones, en los patios de colegio, en los programas de entretenimiento, en las prácticas editoriales y en las decisiones de programación cultural local.

La gran ilusión de nuestro tiempo es creer que la neutralidad existe. No existe. Siempre hay una visión del mundo imponiéndose, aunque no se nombre como tal. La pregunta no es si hay hegemonía cultural, sino quién la ejerce y con qué proyecto de sociedad. La extrema derecha lo ha entendido y actúa en consecuencia, desde los eslóganes hasta las leyes. Si quienes defienden una sociedad más justa, plural y democrática renuncian a disputar ese terreno, no se sitúan fuera de la batalla: simplemente aceptan que el “sentido común” lo definan otros.

Publicado en INFOLIBRE el 8 de julio de 2026.

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ESTOY BIEN

El 9 de abril tuve un ictus. El 16 de mayo, otro.
(Hay quien colecciona sellos postales o monedas antiguas. Yo colecciono accidentes cerebrovasculares).

No me han quedado secuelas, pero en ese tiempo he escrito tres libros:


Un libro de poemas titulado SALTERIO. POESÍA SOCIAL que se presentará a finales de septiembre/primeros de octubre.


Otro titulado: BULOS, ERRORES Y FALACIAS EN LA HISTORIA DE CÓRDOBA.


Y el tercero una biografía: MARTÍN DE BARCIA. UN OBISPO ILUSTRADO ENTRE ROMA, CEUTA Y CÓRDOBA.


Es mi manera de deciros que estoy bien. Y de daros las gracias a quienes os habéis enterado y os habéis preocupado.

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EL KARMA NO VOTA

Hay algo profundamente cómodo en creer que el karma se encargará de todo. Que, de alguna manera, el daño causado acabará volviéndose contra quien lo provoca sin que nadie tenga que hacer nada. Es una idea reconfortante… y completamente inútil.

Porque el karma no vota.

Mientras algunos esperan esa especie de justicia automática, en Andalucía hay gente esperando meses para una cita médica, familias atrapadas en un limbo burocrático para acceder a la dependencia y aulas donde cada recorte se traduce en menos oportunidades. Esa es la realidad. No una metáfora. No una opinión. Una realidad que tiene responsables políticos concretos.

Y esos responsables no van a desaparecer por arte de magia.

Juanma Moreno Bonilla no va a dejar la Junta porque “la vida ponga las cosas en su sitio”. No va a caer por el peso moral de sus decisiones. Si sigue gobernando, será por algo mucho más simple: porque alguien le vota… o porque demasiada gente decide no hacerlo.

Aquí es donde conviene dejar de lado las excusas.

Decir que “todos son iguales” no es una postura crítica, es una renuncia. Decir que “mi voto no sirve para nada” no es realismo, es resignación. Y la resignación, en política, siempre juega a favor de quien ya está en el poder.

Cada vez que alguien se queda en casa el día de las elecciones, está facilitando que las políticas que dice criticar continúen. Así de claro. No hay neutralidad posible cuando lo que está en juego es la sanidad pública, la educación o la atención a las personas más vulnerables.

Porque no, no es verdad que todo dé igual.

No da igual apostar por reforzar la sanidad pública o dejar que se deteriore mientras crecen los intereses privados. No da igual invertir en educación o recortar recursos. No da igual proteger a quienes dependen de lo público para vivir con dignidad o mirar hacia otro lado.

Y, sin embargo, seguimos escuchando lo del karma.

Como si bastara con indignarse en una conversación, compartir un mensaje o quejarse en redes sociales. Como si eso, por sí solo, cambiara algo. No lo hace. Nunca lo ha hecho.

Lo único que cambia gobiernos son los votos.

Votos conscientes, votos críticos, votos que entienden que no participar también tiene consecuencias. Porque cada papeleta que no se introduce en una urna es una oportunidad perdida para frenar políticas que están haciendo daño.

No se trata de épica ni de grandes discursos. Se trata de responsabilidad. De asumir que si algo no te gusta, la única forma real de cambiarlo es actuando cuando toca.

Y eso ocurre un día muy concreto: el de las elecciones.

Ese día no vota el karma. No vota la indignación acumulada. No votan los comentarios en redes. Votan las personas. O no votan.

Y entre una cosa y la otra se decide todo.

Quien de verdad quiera acabar con esta situación en Andalucía tiene que entenderlo de una vez: no basta con desear un cambio. Hay que provocarlo.

Metiendo una papeleta en la urna.

Este artículo se publicó en CORDÓPOLIS / EL DIARIO.ES el día 29 de abril de 2026

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CUANDO TÚ NO VOTAS, ELLOS GANAN

En democracia la regla es tan sencilla que casi da pudor repetirla: una persona, un voto. Sobre el papel, eso significa que una cajera de supermercado, un repartidor o una auxiliar de enfermería tienen exactamente el mismo poder político que el dueño de un fondo de inversión o el heredero de una gran fortuna. Y ahí empieza el problema para los de arriba.

Porque los ricos son pocos. Muy pocos. En cualquier país mínimamente grande, el 1% cabe en un estadio de fútbol; el 0,1%, en un teatro. En cambio, quienes viven de una nómina, de facturas a final de mes o de una pensión son millones. Si esa mayoría votara en bloque pensando en su salario, en su alquiler, en su hipoteca, en la lista de espera de su centro de salud, la agenda política sería otra. Y los intereses del gran capital tendrían un peso mucho menor del que hoy disfrutan.

La élite económica lo sabe. Y actúa en consecuencia. No puede ganar por número, así que necesita ganar por abstención. No puede sumar votos, así que tiene que restar los tuyos. Su objetivo es sencillo: que la gente que más se juega en cada elección se quede en casa, harta, desmovilizada o confundida.

La primera estrategia es tan vieja como eficaz: hacerte creer que votar no sirve para nada. El mensaje siempre suena parecido, cambien los países o los partidos. “Todos son iguales”. “Todos roban”. “La política es un circo”. “Nada va a cambiar”. Detrás de esa cantinela hay un interés muy concreto: que tú, que no tienes un asesor fiscal creativo ni una SICAV, renuncies al único mecanismo de poder que no depende de tu saldo bancario.

Cuando tú te quedas en casa, ellos no. Las rentas altas votan más que las bajas. Los barrios ricos participan más que los barrios obreros. Las personas con más estudios, mejor sueldo y más patrimonio acuden masivamente a las urnas. No es una casualidad, es un patrón. La abstención nunca es neutra: casi siempre pesa más entre quienes peor viven. Por eso, cuando escuchas ese “yo paso de la política”, conviene hacerse una pregunta incómoda: si yo renuncio a votar, ¿quién está encantado con que lo haga?

La segunda táctica es el ruido permanente. Escándalos diarios, broncas impostadas, tertulias a gritos, guerra cultural a todas horas. La sensación de estar viviendo en un drama continuo. El efecto no es casual: cuando todo es escándalo, nada lo es. Cuando todo son peleas, la gente desconecta. Te agotas, cambias de canal, silencias las noticias, dejas de seguir cualquier cosa que suene a “política”. Justo entonces, quienes tienen intereses muy concretos siguen negociando, presionando y legislando… pero sin la mirada de una ciudadanía vigilante.

El ruido es una forma de desaliento. No busca convencernos de nada en concreto, sino convencernos de que da igual. De que hagas lo que hagas, el resultado será el mismo. Y eso es mentira. Las grandes fortunas no gastan millones en lobbys, campañas y medios de comunicación porque “da igual”. Lo hacen porque saben que cada ley fiscal, cada reforma laboral, cada recorte o inversión pública tiene ganadores y perdedores. Y se aseguran de estar siempre entre los primeros.

La tercera vía es más sutil, pero quizá la más peligrosa: conseguir que votes contra ti mismo. Para eso necesitan cambiar el eje de la conversación. En vez de hablar de salario, vivienda, sanidad o educación, te hablan de banderas, de “gente de bien”, de enemigos internos, de símbolos patrios. Te invitan a pensar en “la nación” antes que en tu frigorífico, en “la identidad” antes que en tu contrato, en “los de fuera” antes que en tu convenio.

Al mismo tiempo, te venden un relato aspiracional: tú no eres trabajador, eres “clase media” o “emprendedor en potencia”. No importa que no llegues a fin de mes o que no puedas permitirte un piso en alquiler sin compartirlo. Lo importante es que te identifiques con los de arriba, que veas sus intereses como si fueran los tuyos. Así es más fácil que acabes respaldando políticas que favorecen a las grandes fortunas mientras tú sigues encadenando sueldos de 1.200 euros y turnos partidos.

En ese juego, las palabras importan. No es casual que casi nunca oigas hablar de “clase trabajadora” y sí de “gente normal”, “clase media”, “autónomos” como cajón de sastre. Tampoco es casual que se presenten los impuestos como un castigo general y no como una herramienta para financiar hospitales, escuelas, transporte público o dependencia. Ni que se simplifique el debate a “menos impuestos, más libertad”, ocultando quién se ahorra millones y quién apenas nota unos pocos euros en la nómina.

«El ruido es una forma de desaliento. No busca convencernos de nada en concreto, sino convencernos de que da igual. De que hagas lo que hagas, el resultado será el mismo. Y eso es mentira»

Todo esto solo funciona si tú te apartas. Si asumes que la política es cosa de otros. Si compras la idea de que el resultado está escrito de antemano. Pero no lo está. No lo ha estado nunca. Cada avance social que hoy damos por sentado —desde las vacaciones pagadas hasta la sanidad pública— fue una disputa política, una correlación de fuerzas que cambió porque mucha gente decidió implicarse, organizarse y, sí, votar.

Claro que la democracia es imperfecta. Claro que hay corrupción, puertas giratorias e intereses opacos. Precisamente por eso no podemos regalársela a quienes sueñan con que participen solo unos pocos. Renunciar al voto porque el sistema no es perfecto es como dejarle las llaves de tu casa al primero que pasa porque tu cerradura es vieja.

La próxima vez que escuches “no sirve de nada votar” o “todos son iguales”, prueba a girar la pregunta: si yo no voto, ¿quién gana seguro? ¿El mileurista o el millonario? ¿La que vive de alquiler o el fondo buitre que compra edificios enteros? ¿El que hace cola en urgencias o quien tiene seguro privado y clínicas propias?

La respuesta es incómoda, pero honesta: no ganas tú.

Y eso, precisamente, es lo que la élite económica necesita. Que te resignes. Que confundas decepción con indiferencia. Que conviertas tu enfado legítimo en abstención. Frente a eso, votar no es una varita mágica, pero sí es una línea roja mínima: la decisión de no regalarles tu silencio.

Este artículo se publicó en INFOLIBRE el día 8 de abril de 2026

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EL PRESIDENTE DE LA MENTIRA VERDE

Andalucía se juega hoy buena parte de su futuro ambiental mientras el Gobierno de Moreno Bonilla sigue instalado en el triunfalismo verde y el marketing político. Lo que vende como “revolución verde” es, en realidad, una mezcla de desregulación, dejación de funciones y oportunismo que está poniendo en riesgo nuestro territorio, el agua y la salud de la gente.

La llamada “revolución verde” del PP andaluz no es un proyecto serio de transformación. No hay presupuestos de carbono vinculantes, no hay una acción climática integrada en todas las políticas públicas, no hay una autoridad independiente que vigile el cumplimiento de los objetivos. Lo que sí hay es improvisación, normas que se aflojan y una preocupante renuncia a ejercer a fondo las competencias de la Junta para proteger nuestros recursos naturales.

Andalucía podría liderar la transición energética en Europa: tiene sol, viento, posición estratégica y un enorme potencial industrial ligado a las energías renovables. Pero para aprovechar esa oportunidad hace falta gobernar el proceso, no abandonarlo a un “todo vale” sobre el suelo andaluz. Bajo la excusa de la “agilización administrativa” se han multiplicado macroplantas donde toca, pero también donde no toca, ocupando suelo rústico de alto valor, generando conflictos con el mundo rural y alimentando el rechazo social a proyectos que, bien planificados, deberían ser una oportunidad compartida.

Falta una zonificación clara y vinculante que marque zonas de exclusión ambiental, criterios paisajísticos y límites al impacto sobre la biodiversidad. Falta priorizar polígonos industriales y suelos ya degradados antes que seguir sacrificando territorio agrícola y natural. Convertir la transición energética en barra libre para unos pocos fondos y promotores es la manera más segura de dinamitar el consenso social y de perder una ocasión histórica de crear empleo de calidad y autonomía energética para Andalucía.

Si hay un símbolo de esta mala gestión ambiental es Doñana. Lo que debería ser un emblema mundial de conservación se ha transformado en escaparate de la dejación de funciones, la falta de planificación y el incumplimiento de la legalidad ambiental. El plan para ampliar regadíos en su entorno, impulsado por el Gobierno andaluz, provocó el rechazo de la comunidad científica, la preocupación de las instituciones europeas y la denuncia de organizaciones ecologistas que llevan años alertando de un intento de legalizar lo ilegal en un espacio ya al límite. Tras meses de polémica, la Junta se ha visto obligada a rectificar, pero el daño a la imagen de Andalucía y a la credibilidad de sus instituciones ya está hecho.

La política territorial de Moreno Bonilla obedece a la misma lógica cortoplacista. En lugar de consolidar un principio claro de no regresión ambiental, su Gobierno ha optado por la desregulación y por un urbanismo que vuelve a abrir la puerta a la especulación, debilitando la protección del litoral y de espacios de alto valor ecológico. Donde haría falta renaturalizar playas, marismas y dunas, reforzar infraestructuras verdes y planificar el retroceso ordenado en las zonas más vulnerables, se sigue pensando en clave de ladrillo y hormigón. Es un modelo que incrementa la exposición al riesgo climático y pone por delante el interés de unos pocos frente al interés general.

A este desequilibrio entre discurso y realidad se suma el maltrato a quienes están en primera línea defendiendo nuestros montes y nuestros pueblos: los hombres y mujeres del Plan INFOCA. Mientras el presidente presume de “tener el mejor dispositivo contra incendios del país” y se hace fotos cada verano junto a los helicópteros y los retenes, miles de bomberos forestales llevan años reclamando algo tan básico como el reconocimiento de su antigüedad, la estabilidad laboral y unas condiciones dignas.

Son, de facto, los únicos empleados públicos andaluces que no ven reconocida y pagada su antigüedad en las mismas condiciones que el resto de la plantilla de la Junta. Esa discriminación ha sido denunciada por sindicatos y trabajadores, que hablan de promesas incumplidas, mesas de negociación eternas y anuncios que nunca se concretan en nómina. Ocho años de palabras amables y de fotografías institucionales, pero ni un solo gesto efectivo para corregir una injusticia que se arrastra desde hace demasiado tiempo.

Y mientras tanto, esos mismos hombres y mujeres se juegan la vida cada verano frente a los incendios forestales, entrando donde todos los demás están saliendo. En invierno, son ellos quienes afrontan temporales y DANAs, despejando caminos, asegurando cauces, protegiendo pueblos y viviendas. Son los rostros que no se ven cuando las cámaras se apagan, pero sin los cuales Andalucía sería mucho más vulnerable. El contraste entre los elogios públicos y la negativa a reconocer su antigüedad y sus derechos laborales es una herida abierta que retrata con crudeza el tipo de “verde” que practica este Gobierno: aplausos para la foto, abandono en el día a día.

Todo esto tiene un coste que va mucho más allá de los discursos. Supone pérdida de biodiversidad, pérdida de oportunidades económicas ligadas a una economía verde seria y pérdida de confianza en unas instituciones que dicen una cosa y hacen la contraria. Andalucía está en primera línea del cambio climático y no puede permitirse un gobierno que utiliza el color verde como maquillaje mientras se degradan sus ecosistemas, se desordena la transición energética y se desprecia a quienes, como el personal del INFOCA, sostienen sobre sus hombros la protección del territorio.

Lo que está en juego no es un eslogan ni una campaña de imagen, sino el derecho de la ciudadanía andaluza a un medio ambiente saludable, a un territorio cuidado y a un futuro digno para las próximas generaciones. Frente a la gran mentira verde de Moreno Bonilla, Andalucía necesita una política ambiental seria y honesta: basada en la ciencia, en la planificación, en el respeto a quienes protegen cada día nuestra tierra y en la convicción de que defender nuestro patrimonio natural no es un freno al progreso, sino la condición imprescindible para avanzar juntos, con empleo digno, con justicia social y con orgullo de pertenecer a esta tierra.

Este artículo se publicó en INFOLIBRE el día 11 de marzo de 2026

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