Ahora que una pandemia vírica ha puesto en jaque a la Humanidad y en la que hemos descubierto la importancia de disponer de una Sanidad Pública, universal, gratuita y de calidad, conviene recordar cómo eran en el reino de Castilla, las disposiciones que regulaban la práctica de las profesiones sanitarias, para conocer a la protagonista de este texto.
Imagen de Mencía González según el pintor Luis Celorio, que puede contemplarse en la Casa de Sefarad (Córdoba)
En primer lugar, destaquemos que esas regulaciones se referían tanto a hombres como a mujeres, así como a judíos, musulmanes y cristianos.
Este hecho deja claro que las mujeres tenían un papel en el fomento y conservación de la salud, y que ejercían actividades sanadoras regularmente, no solo en lo relativo a la salud propia de las mujeres, sino a todo tipo de enfermedades. Esto parece aún más notorio en el caso de las mujeres sefarditas.
Está constatado que en los siglos XIV y XV, las mujeres no solo actuaron en aquellos aspectos de la fisiología y la patología femeninas, en las que parecía inapropiada la intervención de un médico varón, ni tampoco que se limitaran al marco de su familia o comunidad. En algunos casos se les concedieron licencias para el ejercicio de la medicina y la cirugía, por parte de reyes y responsables municipales.
Por ello resulta llamativo el proceso judicial abierto contra una mujer: Mencía González.
De ella sabemos poca cosa. Ignoramos su estado civil y su procedencia. Probablemente fuera una judía conversa, y el nombre de Mencía González fuera el que habría adquirido al bautizarse. Únicamente podemos afirmar que ejercía la medicina en la ciudad de Aranda de Duero (Burgos), a raíz de la causa judicial abierta contra ella.
En 1495, el licenciado Francisco de Tapia, juez de residencia en Aranda de Duero, procediendo de oficio a resultas de alguna delación, abrió información contra Mencía González porque ella “curaba de física y medicina y sangraba a algunas personas que estaban dolientes”.
A resultas de la investigación mandó detenerla. Estando Mencía presa, presentó una carta de examen que la autorizaba para ejercer la Medicina.
El juez examinó la licencia y escuchó las alegaciones de Mencía, pero dictaminó que la susodicha se había extralimitado en el ejercicio de sus funciones por “averse entrometido a curar algunas curas las cuales ella non podía fazer, porque en derecho los ombres avían de ser sabidos y leydos y experimentados”. A consecuencia de ello debía desterrarla de la dicha villa y además prohibirle “curar más de cosa física en ninguna manera so pena de muerte, lo cual mandó que sy el contrario fiscyese, lo que Dios no quisiese, fuese executada en ella de horca”.
El licenciado preconizaba una formación universitaria que Mencía no poseía, ya que la Universidad estaba vedada a las mujeres.
Efectivamente, Mencía abandonó Aranda pero, lejos de amilanarse, apeló en la Real Chancillería de Valladolid solicitando la nulidad de la sentencia emitida por el juez Tapia. Alegó, entre otras causas, diversos defectos formales: que no se le notificó la causa, que no fue oída, pero, sobre todo, que no se había excedido en las funciones asistenciales para las que estaba autorizada y que nadie se había quejado nunca de sus curaciones. En consecuencia, pidió la revocación de la sentencia. Mencía alegó Chancillería “porque diz que non avía razón ni causa para ser dicha sentencia como se diera, pues non usava de oficio prohibido nin bedado e persona alguna no quexava della, nin fiziera cosa que non deviese, e le era aprovada por expiriencia o por carta de examen, el contra lo qual nin contra cosa alguna della non avía ydo nin pasado”.
Como procede, los jueces de la Real Chancillería solicitaron al juez de Aranda que se presentara en Valladolid con toda la documentación procesal generada, para que ante ellos defendiese el veredicto. Pero no lo hizo, ni en persona, ni en delegación, por lo que fue declarado en rebeldía, quedando la apelación conclusa y vista para sentencia.
Los jueces de la Real Chancillería ordenaron a Mencía que no ejerciera la medicina hasta que no se examinara de nuevo ante persona competente, tal como se establecía en la ordenanza de la reina Isabel, donde se fijarían las actividades autorizadas y las que le estarían vedadas; revocaron la orden de destierro de Aranda y suspendieron el pago de las costas.
Este fallo ponderado, emitido en 1495, nos muestra cómo a las mujeres se les seguía permitiendo ejercer la medicina de forma oficial.
No sabemos si Mencía González accedió a examinarse y si siguió ejerciendo la medicina en Aranda. Lo que sí sabemos es que Mencía González fue una mujer de coraje, que no se amilanó ante una arbitrariedad legal y supo defenderse ante las más elevadas instancias.
De A para X 
